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El FIADE se trata de un fideicomiso público con estructura orgánica, lo que implica que funciona como si fuera una entidad paraestatal de la administración pública; por lo que tendría que estar sujeto a todos los principios de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Se observa en los documentos que rigen el FIADE que tiene, principalmente, dos funciones;

Promover el desarrollo económico del Estado de Aguascalientes a través de la promoción de acciones que impulsen el desarrollo con cargo a los recursos del fideicomiso, como el otorgamiento de apoyos, bienes o incentivos a empresas que fomenten el empleo o la inversión en el estado, y
Servir como instrumento financiero dentro de la política de finanzas del Estado, lo que implica que con sus recursos existe la posibilidad de pagar deuda.

Aparentemente, se trata de un fideicomiso que tiene fines y objetos legítimos conforme a las reglas establecidas en el Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, mantiene algunas cláusulas y disposiciones en su contrato, como convenios modificatorios y reglas de operación que no se alinean con los principios constitucionales que rigen el uso, transparencia y toma de decisiones respecto a los recursos públicos o que pueden ser criticables, como los siguientes:

Dentro del objeto del fideicomiso se establecen ciertas condiciones para que ejerza sus recursos a favor de los beneficiarios señalados en el contrato. Conforme a los establecido en el Contrato, los beneficiarios pueden ser personas físicas o morales, tanto nacionales o extranjeras, así como las micro, pequeña, mediana y grandes empresas, que sean aprobados por el Comité Técnico, siempre que se impulse el desarrollo económico, ya sea por la generación de empleo o el nivel de inversión que pueda traer al Estado.

Sin embargo, estos conceptos como la generación de empleos o detonar el desarrollo integral son en sí mismos conceptos amplios e indeterminados en los que podría caber cualquier cosa. Al tratarse de un fideicomiso, que en teoría es ampliamente público, por su estructura, el uso y destino que se le dan a los recursos debe de ser claro. Es decir, en los manuales y reglas de operación del fideicomiso, se debe de establecer los criterios bajo los cuales el Comité Técnico decide a qué proyecto y empresa otorgar recurso y cuál no, de lo contrario se trataría de una práctica discrecional que es contraria al principio de transparencia.

Es común que los fideicomisos cuenten con un Comité Técnico como principal autoridad en la toma de decisiones respecto de su funcionamiento. Sin embargo, resulta cuestionable y criticable que un fideicomiso público -además entidad paraestatal- esté integrado ampliamente por privados como sucede con el FIADE, pues el comité técnico en los fideicomisos públicos cuenta con facultades propias de un órgano de gobierno, y se involucra a privados en la toma de decisiones de asuntos públicos.

De acuerdo con el contrato y las reglas de operación, el Comité del FIADE está integrado por la misma cantidad de representantes públicos como privados: 10 de las entidades públicas gubernamentales y 10 representantes de los principales empresarios nacionales y locales.

Aunque el apartado de patrimonio del contrato no lo señala expresamente como una fuente su patrimonio, sí se establece en la cláusula sexta que el FIADE administra y controla la recaudación del Impuesto sobre Nómina en el Estado de Aguascalientes, para el cumplimiento de sus fines.

La afectación a ese impuesto para un fideicomiso es inconstitucional por diversas circunstancias. En primer lugar, porque los ingresos que se captan a lo largo del año pueden incorporarse al patrimonio de un fideicomiso en cualquier momento, lo que transgrede principios del ejercicio de recursos públicos. Además, al ejercerse estos recursos a través de un fideicomiso, cuyo ejercicio y destino dependen de representantes de la iniciativa privada, se transgreden funciones que corresponde al Poder Legislativo.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya señaló que se trata de una acción inconstitucional (AI 163/2007), debido a que ese tipo de afectación a los ingresos públicos en fideicomisos resulta riesgosa y contrario al principio de anualidad que sigue el presupuesto, porque al integrarse esos montos al fideicomiso, provenientes de los ingresos públicos, por la misma naturaleza del fideicomiso, resultan totalmente indisponibles para el Estado y limita la facultad de Poder Legislativo de presupuestar los ingresos.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese manejo de los recursos públicos es riesgoso e inconstitucional (AI 163/2007), pues al incorporarse los ingresos del Estado al patrimonio del fideicomiso se rompen distintas reglas:

Por un lado, transgrede el principio de anualidad y de presupuestación, pues los ingresos pueden incorporarse en cualquier momento durante toda la vigencia del Fideicomiso.
Por otro lado, impide que el Poder Legislativo determine anualmente el monto y destino de los recursos públicos, lo que es contrario al artículo 117 de la Constitución Mexicana, pues se limitan las facultades presupuestarias del Poder Legislativo y en consecuencia, se limita el contrapeso que debe ejercer en el tema de las finanzas públicas.

Así mismo, al tratarse de un fideicomiso con temporalidad indefinida, implica que se afectan todos los impuestos sobre la nómina, presentes y futuros, hasta por 20 años (que es lo máximo que puede durar un fideicomiso).

Lo anterior se agrava con lo señalado en el artículo 16 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, pues conforme a este el patrimonio de los fideicomisos públicos no forma parte de los bienes propiedad del Estado. Esto también implica una desincorporación de los ingresos pues quedan indisponibles para el Estado y para el Legislativo al ejercer sus facultades de presupuestación de los ingresos.

Los documentos del FIADE sólo cuentan con una cláusula de rendición de cuentas que se traduce en un informe del estado de cuenta que reflejarán las actividades realizadas con el patrimonio fideicomitido, que debe de proporcionar la institución fiduciaria a la entidad que administra el fideicomiso, y la entidad administradora al Comité Técnico.

Un fideicomiso público entidad paraestatal supondría un ejercicio ampliamente transparente de sus recursos y toma de decisiones, pues sus integrantes -incluido el Comité Técnico- tendrían que ser sólo entidades públicas, y porque se trata del ejercicio de recursos públicos no se admite ningún tipo de reserva y confidencialidad (lo anterior conforme al artículo 6 de la Constitución Política Mexicana, que es vigente desde la reforma de 2008). Sin embargo, el FIADE está integrado por representantes de la iniciativa privada, tanto en su comité técnico como la institución fiduciaria que lo administra, con lo cual se limitan la amplia transparencia ya que estos no son sujetos obligados directos de transparencia.

Actualmente también está limitado el acceso a la información pues existe un “acuerdo de reserva de información No. 001”, emitido por la misma Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC), de fecha 21 de marzo de 2019, en donde la la entidad administradora del fideicomiso clasifica como confidencial toda la información contenida en los convenios que realiza, por lo que imposibilita conocer aquellos que realice relacionados con el FIADE.

Como instrumento dentro del sistema financiero existe la posibilidad de que se puedan pagar deuda con los recursos del FIADE. Esta facultad conlleva ciertos riesgos de discrecionalidad pues al ejercerse a través del fideicomiso, se traslada una obligación que corresponde al ámbito gubernamental a un fideicomiso que está integrado también por la iniciativa privada, con lo cual no se tiene registro de una operación que corresponde al gobierno.